Dos de los tres estamentos que integran el Poder Judicial se comprometieron a seguir dando la batalla salarial.

Representantes de empleados y de funcionarios celebraron una asamblea ayer por la mañana en el Palacio de Justicia para oficializar su disconformidad y comunicar los pasos del reclamo conjunto. El objetivo es lograr una actualización complementaria al incremento general del 16% que autorizó el Poder Ejecutivo en función del presupuesto del Poder Judicial para el año en curso. Esa recomposición de haberes es siete puntos porcentuales más baja que la que lograron, por ejemplo, los docentes provinciales (23%), y la de menor cuantía de los últimos 10 o 15 años, período en el que el Poder Judicial siempre había conseguido superar los acuerdos de los restantes sectores del Estado.

En el encuentro participaron dirigentes de los cuatro gremios de empleados: Alejandra Martínez (Unión de Empleados de la Justicia Nacional-Filial Tucumán); Omar Maldonado (Agrupación “16 de Noviembre”); Enrique Vergara Altuve (Asociación Gremial de Empleados Judiciales) y Delia Agüero (Agremiación Tucumana de Empleados Judiciales). Además, estuvo presente Cristian Schurig, presidente del Centro de Funcionarios Judiciales. Marcela Ruiz, titular de la Asociación de Magistrados de Tucumán, confirmó que la entidad no participó de la asamblea.

Los presentes firmaron un texto escueto dirigido a Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Esa nota considera que el incremento del 16% es insuficiente, y está alejado de la inflación de 2016 y de 2017 (se supone que ordenanzas, personal de maestranza, ayudantes judiciales y encargados auxiliares recibirán también una suma fija de $ 700). Además, rechaza la posibilidad de dejar todo “en veremos” hasta agosto.

“Como demostró la gran concurrencia a la asamblea, el descontento es generalizado”, definió Martínez a posteriori de la reunión. Todos los dirigentes destacaron que la de ayer había sido una jornada histórica de unidad. Maldonado manifestó que pedían una actualización de entre el 35% y el 40%, y recordó que los judiciales no podían percibir sumas “en negro”. Y añadió: “lejos de lo que se cree, no somos privilegiados ni en sueldos ni en licencias ni en horarios, y nuestro trabajo implica grandes riesgos de higiene y seguridad”.

No son pocos los que, en reserva, atribuyen el mal arreglo de este año a los conflictos existentes entre el poder político y los Tribunales. Por lo pronto, todos llaman la atención sobre el cambio de criterio y la desigualdad de trato. Estas cuestiones serán conversadas la semana próxima en una reunión pautada con miembros del Poder Ejecutivo, ya sin la intermediación de la Corte.

“El lunes (después del encuentro de Gandur con el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo) nos acostamos con un 20% y el martes nos levantamos con un 15% que, finalmente, pudimos estirar hasta el 16%. ¿Qué pasó en el medio? Estamos desconcertados”, dijo Martínez.

Después de aquel encuentro, tanto Manzur como Jaldo ratificaron su postura respecto de que la Justicia debía adecuarse a las pautas salariales del resto de la administración pública. “Tucumán es una de las provincias que mayor esfuerzo hizo; ha sido superada por una o dos provincias, todo el resto de los incrementos salariales están muy por debajo de este 23%”, había dicho Jaldo.

Para el próximo jueves a las 11 está prevista otra asamblea en el Palacio de Justicia, donde se discutirán las medidas de fuerza.